EmprendeRioja | 8/05/2020
El Gobierno ha llegado esta noche a un preacuerdo con los sindicatos sobre las condiciones para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del estado de alarma, que está pendiente todavía de recibir el visto bueno de la patronal. Los empresarios siguen sin estar de acuerdo con la exigencia de que las empresas tengan que mantener el empleo de los afectados por uno de estos ajustes durante un tiempo después de su finalización, según fuentes conocedoras del encuentro que terminó en la medianoche de ayer. En las últimas horas, las patronales han recibido algunos retoques en la propuesta, que están estudiando desde las 9.00 sus órganos de dirección.
No obstante, el resto de las condiciones para prorrogar estos ERTE de fuerza mayor sí han sido preacordadas ya por las tres partes, aunque el sí definitivo de la ptronal esté aún pendiente. Así, el borrador del Real Decreto que recoge este preacuerdo, al que ha tenido acceso este periódico, indica que, desde su entrada en vigor, seguirán con estos expedientes las empresas que ya tuvieran uno de ellos y estuvieran afectadas por las causas que se lo propiciaron y que impidan el reinicio de su actividad, «mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020».
Asimismo, las empresas con uno de estos ERTE mantendrán sus condiciones hasta esa fecha aunque vayan incorporando parcialmente a parte de su plantilla a la actividad. En ese caso, el texto precisa que dichas incorporaciones las deberán hacer «primando los ajustes en términos de reducción de jornada».
No obstante, la disposición adicional primera de este decreto habilita al Gobierno, mediante acuerdo de Consejo de Ministros, a establecer una prórroga de los ERTE por fuerza mayor causados por la crisis sanitaria, «en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020».
En dicho acuerdo, el Ejecutivo podrá también prorrogar las exenciones reguladas en este decreto, e incluso precisa que podría «extenderlas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas objetivas», así como prorrogar las medidas de protección por desempleo de estos ajustes «por el período de tiempo y porcentajes que en él se determinen».
En cuanto a las exoneraciones de cotizaciones sociales de las empresas en estos ERTE que mantengan a todos los afectados con el empleo suspendido, el pacto recoge, se extienden las actuales a las cuotas de mayo y junio (100% de exoneración en el pago a empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% a las que tengan una plantilla mayor).
Mientras que si la empresa reincorpora a parte de su plantilla a la actividad, la exoneración de cotizaciones por los trabajadores que vuelvan al trabajo será del 85% en mayo y del 70% en junio, si la compañía tiene menos de 50 trabajadores; y del 60% en mayo y del 45% en junio, en el caso de que sea una empresa con más empleados.
El texto sí mantiene la nueva exigencia incorporada por el Gobierno de prohibir a las empresas que hayan hecho uno de estos ERTE repartir dividendos en el año fiscal del ajuste, «excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social
Esta limitación no será de aplicación para aquellas entidades, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social.
El escollo
La reunión donde se alcanzó ayer este acuerdo a última hora de la noche de ayer estuvo pilotada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien se comprometió a enviar a los empresarios en las siguientes horas una última propuesta sobre el punto de mantenimiento del empleo que rechaza la patronal CEOE-Cepyme. Los órganos directivos de estas organizaciones empresariales tienen previsto reunirse a primera hora de hoy viernes por la mañana para, en función de cuál sea la propuesta definitiva, sumarse o no al pacto con el Gobierno y los sindicatos.
Si finalmente se sellara el acuerdo por todas las partes, el Ejecutivo podría estudiarlo en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará hoy.
La propuesta del Gobierno sobre el mantenimiento del empleo tras estos ajustes es mantener la actual prohibición que incluyeron en los ERTE por fuerza mayor cuando cambiaron sus condiciones para que pudieran generalizarse, consistente en que la empresa debería mantener a su plantilla durante los seis meses posteriores al fin del ajuste, no pudiendo despedir así a ninguno de sus empleados ese tiempo. Y si la empresa despide en este tiempo, debe devolver todas las ayudas que ha cobrado (exoneración de cotizaciones y prestaciones por desempleo de sus trabajadores).
El Ejecutivo, no obstante, matizó posteriormente esta prohibición. De hecho, el último criterio de actuación de la Dirección General de Empleo para la interpretación de la renovación de los ERTE precisa que a efectos de conservar las ayudas por mantenimiento del empleo, no computarán como disminución de la plantilla ni los despidos disciplinarios procedentes, ni las jubilaciones o incapacidades, así como tampoco la finalización de contratos temporales por término de la causa que los generó.
Pese a ello, los empresarios se muestran reticentes a que las prórrogas de los ERTE por fuerza mayor sigan teniendo una cláusula de este tipo, por lo que los responsables del Ministerio de Trabajo se han comprometido a trasladarles una última redacción del texto que CEOE-Cepyme deberá evaluar a primera hora de la mañana de hoy.
Fuente: Cinco Días
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/07/economia/1588888270_242526.html